Con la decisión del Gobierno de eliminar la mayoría de los regímenes de información, se abre un nuevo paradigma más respetuoso de la autonomía ciudadana.
Publicado en Infobae, el 22/05/25 –
En el relato sombrío de Orwell, el Gran Hermano imponía su presencia omnímoda sobre cada aspecto de la vida humana, observando con gélida precisión todos los movimientos de sus súbditos. Indudablemente, algo no muy distante acontece en el ámbito tributario mediante los llamados regímenes de información.
Sucede que, en rigor de verdad, estos instrumentos que, en apariencia, resultan destinados a facilitar el control fiscal, en los hechos funcionan como un mecanismo exorbitante que instala a la autoridad tributaria en una posición privilegiada para conocer, vigilar e intervenir en cada rincón de la vida económica privada.
Así, bajo la justificación de prerrogativas exorbitantes, se levanta una estructura de control minucioso, semejante a aquel ojo infatigable del Gran Hermano literario, que no admitía espacios libres ni privacidad genuina.
Con la reciente decisión del gobierno de eliminar gran parte de los regímenes de información, con toda verdad se marca un punto de inflexión hacia un modelo de regulación autoritario para dar paso a un paradigma más respetuoso de la autonomía ciudadana. Sucede que, en efecto, no debería construirse un sistema justo sobre la sospecha perpetua y que la confianza es un presupuesto indispensable para la eficacia real de la tributación voluntaria.
Claramente, este nuevo paradigma no significa abandonar el control, sino más bien reorientarlo hacia una regulación responsiva que ponga el énfasis en los grandes problemas fiscales, identificando de manera precisa y selectiva aquellas situaciones que realmente exigen intervención.
El fin del “estado de vigilancia” no implica debilidad, sino inteligencia regulatoria, basada en identificar conductas de riesgo real, en lugar de someter al conjunto de la sociedad a un escrutinio obsesivo e inútil.
Habidas cuentas de lo anterior, la eliminación de estos deberes de información supone superar la lógica invasiva de un Estado omnipresente para avanzar hacia una administración tributaria capaz de intervenir eficazmente allí donde realmente importa.
Con toda seguridad, esta mirada tiene correlato en la experiencia práctica que surge de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación. En efecto, un relevamiento reciente permite advertir que alrededor de la gran mayoría de las causas ventiladas ante ese organismo involucran ajustes tributarios menores, mientras que solo una minoría corresponde a controversias mayores o estructurales. Sin embargo, y paradójicamente, los montos discutidos revelan una relación inversamente proporcional, toda vez que aquel reducido grupo concentra la inmensa mayoría del valor fiscal en disputa.
Esta situación exhibe con claridad el efecto distorsivo de una fiscalización basada en el paradigma de vigilancia generalizada, que invierte esfuerzos desproporcionados en minucias, desviando recursos fundamentales de los verdaderos desafíos tributarios que justifican una intervención estatal selectiva y eficaz.
Por ello, la decisión gubernamental no solo recupera un espacio legítimo para la confianza, la autodeterminación y la dignidad del contribuyente como ciudadano libre, sino que también propone una administración más racional, orientada hacia las grandes problemáticas fiscales antes que al minucioso y extenuante control de la vida cotidiana del ciudadano común.
