Mucha fantasía en el espacio mediático

El caso Libra. Presente y futuro.

Introducción

Mucha fantasía en el espacio mediático, y sin embargo, los agitadores del fantasma de Libra no deberían hacerse los rulos con la demanda iniciada en los tribunales federales de los Estados Unidos, si lo que buscan es encontrar allí un hilo que complique al presidente Milei. Porque, conviene recordarlo, el pleading norteamericano no es una tribuna de chismes ni un ring de especulaciones, sino un escenario donde rige el rigor de Twombly–Iqbal y donde la verosimilitud de los hechos narrados se mide con precisión, no con titulares de ocasión. Efectivamente las Cortes de aquel país ganaron sumo prestigio porque no se conmueven con fantasmas, ni tampoco se dejan manipular por estrategias políticas disfrazadas de procesos judiciales. Lo demás —la espuma mediática, los pronósticos apocalípticos, las lecturas en clave de interna doméstica— no pasa de ser literatura.

Nadie deja afuera a un supuesto principal complicado si tiene enfrente el valladar de Twombly–Iqbal. Porque esa muralla jurisprudencial funciona como tamiz implacable.

En efecto, es imperativo para el demandante ofrecer un relato fáctico verosímil, con datos que permitan inferir plausiblemente la responsabilidad. De lo contrario, la demanda podría naufragar sin remedio en la primera estación procesal. Y si de verdad se tuviera la convicción de que el Presidente Milei está comprometido, los demandantes lo habrían sindicado desde el primer escrito, con nombre y apellido, sin rodeos ni sutilezas.

Lo contrario —avanzar contra figuras secundarias, inflar la espuma de los titulares y dejar en las sombras al presunto actor central— no es estrategia jurídica, sino confesión tácita de debilidad. En el derecho norteamericano no se juega con alusiones, habidas cuentas de que se demuestra plausibilidad, o se termina bajando la persiana.

Bell Atlantic Corp. v. Twombly y Ashcroft v. Iqbal reescribieron la puerta de entrada a la jurisdicción federal estadounidense. Desde 2007 y 2009, respectivamente, la simple “noticia” de la pretensión dejó de ser suficiente. Precisamente, la demanda debe narrar hechos que, tomados como verdaderos, hagan razonable inferir un derecho a la tutela judicial, no meramente concebible. Por ello, el juez abandona la deferencia ciega al rótulo jurídico, desnuda el andamiaje de conclusiones y pregunta si el remanente fáctico autoriza, según la experiencia y el sentido común del foro, una inferencia plausible.

En ese sentido, conviene empezar recordando cómo era el sistema antes. Durante décadas, los jueces de Estados Unidos se guiaban por un criterio muy laxo, fijado en un caso llamado Conley v. Gibson (1957). Allí se dijo, en palabras simples, que una demanda solo podía tirarse a la basura si era absolutamente imposible que, con los hechos contados por el actor, alguna vez pudiera ganar el juicio. Eso significaba que bastaba con presentar un escrito breve, casi esquemático —lo que se llamó notice pleading—, porque la idea era que, con el tiempo, la verdad iba a aparecer gracias al proceso de prueba, el famoso discovery, donde se abre todo: documentos, correos, testimonios.

En el derrotero, el problema subyacente fue que ese sistema generó abusos. Como dirían los economistas, no hay almuerzos gratis. Si con muy poco se podía abrir la puerta al discovery, el solo costo de esa etapa —carísima, larga y desgastante— se transformaba en un arma de negociación. No importaba tanto si la demanda era fuerte o floja, habidas cuentas de que el demandado, por miedo a gastar fortunas en el proceso, terminaba muchas veces arreglando antes de tiempo.

Justamente, frente a la industria del juicio, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió cambiar el libreto. Primero en Twombly (2007) y después en Iqbal (2009), trazó una nueva frontera. Efectivamente, ya no resulta suficiente con narrar un cuento posible, un relato imaginado que, en teoría, podría ocurrir. No, en el presente, se exige que los hechos que se cuentan parezcan plausibles, es decir, deben tener carne y hueso, apariencia de realidad, no solo aire de novela.

Va de suyo que no alcanzaría con presentar un caso de estafa aduciendo que los demandados hicieron un fraude porque sacaron un coin que se desplomó a poco de irrumpir en el mercado. De seguro, con el criterio viejo de Conley v. Gibson, esa demanda hubiera pasado el filtro inicial.  Pero con la nueva regla de Twombly–Iqbal, eso ya no funciona. El juez diría: “No me alcanza con que usted me diga que perdió plata. Necesito hechos que hagan que la acusación sea plausible. En otras palabras: si en la demanda no aparece algún dato concreto, ,el caso se desestima antes de empezar.

En el fondo, la idea es sencilla. El juicio no puede ser usado como un garrote, como un arma de presión para obligar al otro a negociar bajo amenaza de ruina. Y en Estados Unidos litigar es carísimo. Basta pensar que la etapa del Discovery, en donde resulta menester revisar montañas de documentos, correos electrónicos, balances, chats, hasta peritajes técnico, verdaderamente puede costar millones de dólares.

Por eso, antes de permitir que alguien quede atrapado en esa telaraña de costos, la Corte Suprema consolidó una doctrina en la que se pide al demandante que exhiba solidez desde el principio. No alcanza con una historia sospechosa o conjetural. Si no hay hechos que hagan plausible el fraude, la demanda muere antes de nacer.

En otras palabras, Twombly–Iqbal puso un freno a la extorsión procesal. Cerró la puerta al litigante que solo busca decir: “O me arreglás ahora, o te hago gastar una fortuna en discovery”. En definitiva, se acabó la época en la que cualquier escrito servía para empujar a la otra parte a un proceso largo y carísimo. Desde Twombly–Iqbal, se levantó una valla de seriedad. Ahora, quien demanda tiene que poner sobre la mesa hechos concretos, algo que le dé a su historia una apariencia real desde el comienzo.

2. Twombly como primer parteaguas

En tales condiciones, resulta conveniente hacer notar que la doctrina de Twombly nace en un caso de derecho antitrust. Allí, un grupo de usuarios de telefonía acusaba a las empresas de haberse confabulado para mantener altos los precios. El problema radicaba en que la demanda no aportaba un hecho concreto que acreditara ese supuesto acuerdo, sino  solo señalaba un paralelismo de conductas. Frente a ese panorama, la Corte fue tajante al poner en evidencia que la mera simultaneidad en el obrar no equivale a conspiración ilícita y que pretender lo contrario sería abrir de par en par las puertas del discovery con base en conjeturas, arrastrando a las demandadas a un proceso “invasivo y costoso” sin fundamentos verificables.

Claramente la enseñanza que surge de esa decisión es la exigencia de un salto cualitativo en el estándar procesal. Ya no basta con narrar sospechas. El nuevo umbral reclama “hechos suficientes” que eleven el derecho a la tutela judicial efectiva por encima de lo puramente especulativo. La Corte descalificó la simple alegación de complot como “conclusiva”, es decir, una fórmula vacía, sin carne probatoria que justifique avanzar hacia el dispendio millonario del discovery.

De seguro, al decidir como lo hizo, el fallo no solo resolvió un caso concreto de telecomunicaciones, sino que fijó política judicial. Una política orientada a contener los costos del litigio y a desalentar demandas estratégicamente infladas cuyo verdadero objetivo no es obtener justicia, sino desgastar al adversario hasta forzar un acuerdo. El mensaje fue claro en orden a que los tribunales federales no son escenario para experimentos retóricos ni para aventuras especulativas que usen al proceso como chantaje.

3. Iqbal como nuevo estandard

En ese estado de cosas, cabe señalar que dos años después de Twombly, la SCOTUS dio un paso más en Ashcroft v. Iqbal (2009). Allí ya no se trataba de antitrust, sino de un caso de discriminación y abuso de poder, en donde la Corte aprovechó la ocasión para generalizar la regla y proclamar que el nuevo estándar alcanzaba a todas las acciones civiles.

De esta manera, Iqbal introdujo un método claro, casi algorítmico, para gobernar el material narrado en la demanda. El juez, en primer lugar, debía separar el grano de la paja. Por ello es que las aseveraciones puramente jurídicas, los adjetivos y conclusiones sin respaldo fáctico no tenían entidad de ninguna índole. “Fue víctima de un complot”, “hubo discriminación”, “existió fraude” resultarían meras declamaciones  si no resultaban acompañadas de hechos concreto. Esas declamaciones sin sustento se barrían de un plumazo.

En esa inteligencia, lo que relevante del asunto radica en preguntarse si cabía asumir la posibilidad de los hechos relatados. Verdaderamente no se trata de exigir prueba plena en la primera estación procesal, pero sí de reclamar que el relato cruce el umbral de la plausibilidad. Va de suyo que el juez no es una matemático que calcula probabilidades, sino que acude a su experiencia judicial y a su sentido común para decidir si la historia contada tiene carne de caso o es apenas retórica inflada.

Precisamente, con esta doctrina, Iqbal consolidó un giro de política judicial, habidas cuentas de que  el proceso no empieza con cualquier escrito, sino con uno capaz de convencer al juez de que la controversia es algo más que un ejercicio de imaginación.

Justamente, aplicado al caso del meme coin Libra, la enseñanza de Iqbal resulta casi pedagógica. Si la demanda se limita a proclamar “hubo una estafa” o “se trató de un complot para desplumar inversores”, tales expresiones no merecen presunción de veracidad, por cuanto resultarían aseveraciones jurídicas desnudas de respaldo fáctico, fórmulas grandilocuentes que no cruzarían la puerta de la plausibilidad. En cambio, si la demanda acompaña hechos concretos —como un post inicial diseñado para inflar artificialmente el precio, mensajes en redes coordinando la salida de los “snipers” o movimientos sincronizados de billeteras digitales que acrediten la maniobra—el juez debe tomar esas narraciones como plausibles y habilitaría el Discovery.

4. Filosofía procesal.

Así las cosas, importa distinguir cuatro planos

1. Hechos concretos, no adornos. La demanda tiene que contar una historia clara respecto  quién hizo qué, cuándo, dónde y cómo. No alcanza con tirar frases como “hubo fraude” o “me estafaron”.
2. Sentido común. El juez no hace magia ni calcula probabilidades como si fuera un casino. Indaga si los hechos permiten aventurar una conclusión razonable de que hubo estafa.
3. Depende del caso. No todos los juicios son iguales. Si el tema es muy caro de investigar —como en casos de competencia económica o de criptomonedas—, el juez es más exigente. Ya que, en efecto, pide más datos desde el principio para evitar que el solo costo de revisar correos, contratos y peritajes millonarios se use como presión.
4. Cortar lo que sobra. Más todavía, al leer la demanda, el juez depura. Saca las frases grandilocuentes (“fue un complot”, “hubo engaño masivo”) y se queda solo con los hechos narrados con precisión. Con eso arma el rompecabezas y decide si la historia merece llegar a juicio.

Además de lo consignado, debe hacerse notar que en materia de fraude y de valores mobiliarios, la exigencia de plausibilidad fijada en Twombly–Iqbal no se presenta aislada, sino reforzada por muros adicionales. La Regla 9(b) del Federal Rules of Civil Procedure reclama que la mentira sea descripta con minuciosidad: quién la profirió, qué dijo, cuándo, dónde y cómo.

Al unísono, la Private Securities Litigation Reform Act (PSLRA) eleva todavía más la valla, al requerir que el demandante muestre un scienter robusto, es decir, una intención engañosa deliberada y no una mera negligencia.

En el caso Libra, esto implica que quien alegue manipulación del mercado debe narrar con particularidad el post inicial, los actores intervinientes, la fecha, el canal utilizado y la mecánica de coordinación, además de evidenciar que obraron con conocimiento fraudulento.

Cabe mencionar que la Private Securities Litigation Reform Act (PSLRA), sancionada en 1995 por el Congreso fue la reacción institucional frente a la proliferación de las llamadas strike suits en materia de fraude bursátil. Estas eran demandas colectivas que, más allá de su mérito intrínseco, se utilizaban estratégicamente como palanca de negociación, toda vez que el solo inicio del proceso, acompañado de la amenaza de un discovery costoso y extenso, inducía a las empresas a transar para evitar costos reputacionales y financieros. Justamente la PSLRA fue, en suma, un contrapeso legislativo frente a lo que se percibía como una litigiosidad oportunista.

En ese sentido, la PSLRA exige que la demanda detalle con minuciosidad cada declaración supuestamente falsa y las razones de su falsedad. No alcanza con denunciar un “fraude generalizado”: debe citarse la fecha, el autor, el contenido específico de la declaración y mostrar en qué radica la inexactitud.

Justamente en este punto subyace un gran interrogante. Mientras los periodistas suelen reproducir la lógica del sound bite (“Milei promovió Libra, luego es responsable”), en sentido opuesto, los tribunales federales no aceptan silogismos mediáticos. Si Milei no fue demandado es porque nadie pudo, o quiso, cumplir el estándar PSLRA respecto de él. Es decir, nadie pudo presentar:

• Un post o declaración firmada y fechada de Milei con una promesa objetiva y falsable.
• Una explicación clara de por qué esa afirmación era falsa en ese momento.
• Indicios de que Milei sabía de la falsedad y, pese a ello, participó en la difusión.

Al respecto, en cambio, si resulta ilustrativo: los promotores directos (Davis, Meteora, Kelsier) sí aparecen en la demanda porque habrían dejado huellas documentales concretas: posts, minting, liquidez unilateral, promesas de respaldo. Milei, en cambio, aparece como rostro político, pero sin pieza escrita, firma digital ni acto verificable que permita encajar con el particularity requirement.

Por eso sorprende que en la prensa no se haya formulado la pregunta obvia: ¿por qué Milei no fue demandado? La respuesta es de una obviedad elocuente. Porque la PSLRA convierte el “todos lo saben” en una frase estéril si no viene acompañada de hechos fechados, atribuibles y falsables. El silencio de los pleitos es más elocuente que el ruido de las crónicas.

Como subyace de lo expuesto, la PSLRA quiso poner freno a un tipo de demanda que confundía falsedad con fraude, habidas cuentas de que lógicamente no toda información incorrecta en el mercado bursátil es fraude. Por eso, el legislador reforzó la exigencia del scienter en orde a que  la demanda no solo debe mostrar la inexactitud de la declaración, sino también que el acusado sabía de esa falsedad o que, al menos, actuó con una temeridad tal que equivale a cerrar los ojos frente a la verdad.

La Corte Suprema, en Tellabs, Inc. v. Makor Issues & Rights, Ltd. (2007), precisó que la inferencia de scienter debe ser “cogent and compelling”, es decir, persuasiva y contundente. En consecuencia, no sería suficiente cualquier conjetura, por cuanto la inferencia de intención fraudulenta debe ser al menos tan fuerte como cualquier explicación inocente alternativa.

En la práctica, el scienter se satisface por dos vías:

1. Intención directa de engañar (intent): pruebas de que el acusado buscó deliberadamente inducir a error al mercado.
2. Temeridad consciente (recklessness): conducta tan imprudente frente a la verdad que se equipara al dolo.

Si un demandante quisiera llevar a juicio a los promotores de la meme coin Libra, no bastaría con decir: “mintieron sobre el respaldo en dólares”. El scienter exigiría mostrar algo más:

• Intención: un chat interno donde se diga “pongamos que está respaldada, total nadie lo va a verificar”.
• Recklessness: evidencia de que ignoraron advertencias técnicas de que no existía tal respaldo y aun así repitieron la promesa en público.

Reflexión final

La PSLRA, en conjunción con Twombly–Iqbal, dibuja un sistema donde la demanda no es un trampolín vacío, sino un documento de carga. En el mundo cripto, donde las promesas se viralizan en segundos y el fraude se disimula entre tecnicismos, este estándar obliga a los litigantes a redactar con precisión quirúrgica.

Por ende, el caso Libra no se jugará en metáforas de “estafa piramidal” ni en slogans de “rug pull”, sino en la capacidad de los actores de mostrar la arquitectura concreta de la mentira y el dolo de quienes la difundieron.